jueves, 19 de diciembre de 2013

La política económica en el programa del Frente Amplio del Uruguay

La política económica en el programa del Frente Amplio del Uruguay
El socialismo es posible


 diciembre 2nd, 2013  admin
 El socialismo
Visión Universitaria 08 oct 13
Frente Amplio programa de gobierno
La política económica en el programa del Frente Amplio
escribe: Jorge Notaro    

No es necesario repetir aquí la larga lista de logros de los  gobiernos del FA. Los primeros que lo saben son los que no tenían  trabajo y lo tienen, los que no tenían vivienda y la tienen, los que  reciben la tarjeta Uruguay Social, los que mejoraron la capacidad de  compra de sus salarios y jubilaciones, o los padres de los niños que  recibieron la ceibalita y que cobran la asignación familiar.
La mejora  en las condiciones materiales de los sectores populares está fuera de  discusión, es una condición necesaria pero no suficiente en la lucha por la superación de la explotación y de la dependencia.
Las propuestas de política económica en un programa de una fuerza  política antiimperialista y antioligárquica tienen que expresar las  reivindicaciones de las organizaciones populares y continuar sus luchas  en el plano político para la confrontación con las clases dominantes del país y sus socios del exterior. De esta forma se convoca a participar a los que se sienten expresados y al mismo tiempo, hay que asumir el  costo de la oposición de los que van a perder parte de sus privilegios.  Sin lucha, sin movilización popular, sin confrontación, no hay  posibilidad de profundizar los cambios.
Con una perspectiva de largo plazo se proponen tres puntos para el  nuevo programa del FA: la redistribución de los medios de producción, la erradicación de la inseguridad  y el cuidado del medio ambiente.


1. La redistribución de los medios de producción

Es necesario enfrentar la concentración y extranjerización de los  medios de producción promoviendo nuevas formas de propiedad y de gestión asociativa. La promoción de inversiones debe tener objetivos políticos  fortaleciendo a los grupos sociales con ingresos que sean el resultado  de su trabajo. La riqueza es el resultado de acumular los ingresos que no se  gastaron y permite generar nuevos ingresos sin trabajar, como por  ejemplo arrendando tierras, alquilando viviendas o cobrando dividendos  de acciones de sociedades anónimas. Para redistribuir los medios de producción hay que facilitar el  acceso a la tierra a los que la quieren trabajar, a la vivienda a los  que no tienen o pagan un alquiler o a la utilización de medios de  producción que permitan a los trabajadores formas de gestión sin la  explotación ni la dominación de los patrones. Durante estos años de gobierno del FA se observó un importante  proceso de concentración y extranjerización de los medios de producción, como la tierra, industrias manufactureras y cadenas de supermercados,  que se agregaron a la ya totalmente extranjerizada banca privada. Se trató de combatir la concentración de la tierra con el Impuesto a  la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) que no como fue declarado  inconstitucional no está vigente, no ha sustituido por otras medidas con el mismo objetivo y por lo tanto el gobierno del FA acepta pasivamente  la agudización de un problema sobre el que reconoció que había que hacer algo. El FA no está cumpliendo con la plataforma de las elecciones de 2004  en la que se comprometió a entregar 250.000 hectáreas a los pequeños  productores agropecuarios y sólo entregaron 45.000. Tampoco cumplió con  la instalación de un frigorífico multimodal, no sólo para faenar ganado  vacuno, ni de un complejo pesquero. Cada inversión extranjera que se localiza en el país implica que esa  porción de la actividad económica pasa a integrar la estrategia de una  empresa transnacional, debilita el poder del Estado y limita el ámbito  de acción de la política económica. En el mediano plazo la repatriación  del capital y de las utilidades generará un efecto negativo en la  balanza de pagos; durante 2012  las inversiones extranjeras directas  alcanzaron a 2.300 millones de dólares y las transferencias de ingresos  al exterior por concepto de utilidades, dividendos e intereses fueron de 1.500 millones, dejando por lo tanto un ingreso neto de 800 millones.  Esta situación se agudizará en el futuro, las inversiones acumuladas  aumentarán los montos por transferencias de utilidades y la repatriación del capital, mientras que el ingreso de nueva inversiones será cada vez menor, lo que obligará  a contraer la demanda interna de bienes de  capital o de consumo importados. Se debe seleccionar las inversiones extranjeras directas y limitarlas a las que contribuyen a la estrategia aportando capital, mercados  externos, valor agregado, contenido tecnológico, aprendizaje y demanda  de insumos nacionales. Es posible utilizar los recursos disponibles en  los mercados internacionales para financiar inversiones públicas o de  gestión asociativa con crédito a largo plazo o colocando deuda pública  aprovechando las bajas tasas de interés. No se puede demostrar que las exoneraciones tributarias que se  otorgan por las Zonas Francas y la ley de promoción de inversiones son  imprescindibles y se debería experimentar con una reducción progresiva  teniendo en cuenta la abundancia de capital buscando oportunidades de  inversión por todo el mundo. Como indicador claro de esta situación, los informes de CEPAL muestran que desde 2005 aumentó la inversión  extranjera en América Latina dirigida a explotar recursos naturales y  este aumento en 2011 fue de 28% respecto a 2010. En Uruguay creció menos que el promedio con un agravante, los demás países de América Latina  cobran impuestos a las inversiones extranjeras que explotan sus recursos naturales y Uruguay no. Estas exoneraciones tienen dos consecuencias  negativas, obligan a aumentar los impuestos sobre el trabajo y las  empresas locales pequeñas y medianas y como la capacidad contributiva es baja, limitan la financiación del aumento del gasto público Como no existe un Banco de Desarrollo ni ninguna otra forma de  financiamiento de inversiones, si bien el FONDES apunta en esta  dirección es de reciente creación y recursos escasos, la ley de  promoción de inversiones tiene como efecto aumentar la rentabilidad de  los que tienen capital y se transforma en una ley de promoción de la  inversión extranjera privilegiada con relación a los emprendimientos  nacionales. Hay que complementar la propiedad estatal en los sectores  estratégicos con medidas de apoyo a: a) los productores agropecuarios  familiares que para mejorar su productividad y sus ingresos tienen como  precondición el aumento de la superficie trabajada, créditos baratos,  asesoramiento técnico, capacitación y apoyo en la comercialización para  tener acceso a la demanda y a buenos precios; b) las cooperativas de  trabajadores, las empresas recuperadas y las empresas con distintas  formas de participación de los trabajadores en la propiedad del capital o en la gestión; c) las pequeñas y medianas empresas para el aumento de  la productividad y que puedan ligarse en las cadenas de valor con las  más grandes requieren acuerdos con participación de los distintos  actores sociales que junto al Estado puedan avanzar en estos mecanismos; d) a las cooperativas de vivienda y en particular, por ayuda mutua, que al mismo tiempo que contribuyen a la redistribución de la riqueza  facilitando el acceso a la vivienda de familias de bajos ingresos,  desarrollan prácticas solidarias y de cooperación que construyen  ciudadanía y consolidan la democracia.

2. La erradicación de la inseguridad

El número de personas privadas de libertad, adultos y jóvenes,  aumenta permanentemente y genera un indicador contradictorio. Por una  parte muestra que la policía es eficaz, que los jueces condenan, que la  legislación es represiva y que el Ministro Bonomi cumple . Pero también  muestra una sociedad que genera violencia. Hay que reconocer que no sabemos por qué aumenta el número de  personas que decide robar y si es necesario, matar. Cuando nacen todos  los niños son iguales y ninguno está determinado por la genética a robar o a matar, para investigar  hay que recurrir a los científicos sociales de la Universidad de la República con pensamiento crítico y no sirven  los informes financiados por el BID o el Banco Mundial que con sus  diagnósticos esterilizados no entienden la realidad y proponen políticas ineficaces. Los materialistas podemos formular algunas hipótesis, suponemos que  las ideas son un resultado de las condiciones materiales de vida lo que  lleva a investigar las condiciones en las que vivieron las personas que  delinquieron. Con este diagnóstico será posible diseñar las políticas  dirigidas a modificar la situación en un proceso en el cual se pueden  esperar cambios en el futuro. Otra hipótesis es que la práctica modifica las ideas, lo que lleva a investigar si las de los que delinquen,  durante los años previos a cometer el delito, fueron diferentes de las  que no delinquen; si fuera así sería necesario diseñar políticas que  estimulen a sustituir las primeras por las segundas. No alcanzó con la  reducción de la población con ingresos por debajo de la línea de  pobreza. Una tercera hipótesis es que se generó una cultura con valores  antagónicos a los de la convivencia y las víctimas de la exclusión se  transformaron en victimarios. Es notorio que no alcanza con repartir plata como recomiendan los  organismos internacionales y es imprescindible organizar para la  participación, que es el camino de fortalecimiento de valores. Al  reciente “Plan Siete Zonas” que se propone mejorar las condiciones  de  barrio que concentran estos problemas le falta un elemento  imprescindible, la participación de los potenciales beneficiarios en la  elección de prioridades así como en la ejecución, y le sobra la policía, que con su presencia estigmatiza a los vecinos de los barrios  seleccionados y genera en estos un rechazo al plan. Para los grupos  sociales excluidos por el desempleo de larga duración, la deserción del  sistema educativo y la segregación territorial en los asentamientos se  requiere una estrategia de inclusión que combine políticas de empleo, de educación, de vivienda y de medio ambiente, con participación de los  potenciales beneficiarios en la definición de prioridades así como en el diseño y la ejecución de las actividades.

3. El cuidado del medio ambiente

Boaventura de Sousa Santos destacó la necesidad de defender los  bienes comunes de la humanidad como respuesta a la mercantilización,  privatización y financierización de la vida, destacando que “Los bienes  comunes de la humanidad son bienes producidos por la naturaleza o por  los grupos humanos, a nivel local, nacional o global, que deben ser de  propiedad colectiva, a diferencia de lo privado y lo público (estatal),  aunque le compete al Estado cooperar en la protección de los bienes  comunes. Entre los bienes comunes están el aire y la atmósfera, el agua, los acuíferos, ríos, océanos, lagos, las tierras comunales o  ancestrales, las semillas, la biodiversidad, los parques y las plazas,  el lenguaje, el paisaje, la memoria, el conocimiento, el calendario,  Internet, HTML, los productos distribuidos con licencia libre,  Wikipedia, la información genética, las zonas digitales libres, etc.” Hay formas de crecimiento del PBI que destruyen recursos naturales y  deterioran el medio ambiente. Estos costos ambientales y sociales deben  tenerse en cuenta para evaluar las inversiones, aprobarlas o  rechazarlas. Es necesario implementar políticas de crecimiento  sustentable, lo que incluye cambios en la matriz productiva y en los  actores sociales impulsando el desarrollo rural integral para la  seguridad alimentaria a partir de la agricultura familiar. La sociedad  uruguaya debe tener control sobre los alimentos que se producen y se  consumen en el país, asegurando que los productos lleguen a los  consumidores, desarrollando la agricultura familiar, promoviendo la  agricultura urbana y prohibiendo la especulación financiera con  alimentos El agua es el bien común más importante y generó luchas contra su  privatización en varios países, incluyendo al Uruguay y el deterioro de  su calidad llegó a los hogares por la cañería del agua corriente. El  informe de cuatro decanos de facultades de la Universidad de la  República sobre la contaminación del río Santa Lucía demostró el efecto  depredatorio de la explotación de la tierra que busca maximizar la  rentabilidad en el corto plazo, es un indicador de la insuficiencia de  las políticas dirigidas a la preservación del medio ambiente, exige una  revisión profunda de las mismas para lo que se debería tener en cuenta  las advertencias de los científicos sobre el deterioro de la fertilidad  de la tierra por el monocultivo reiterado de soja y por la forestación,  los “feed lots” y los megatambos,  la megaminería y la técnica de  “fracking” en la explotación de los yacimientos de petróleo. El agua muestra que algo anda mal en los procedimientos de control  del cuidado del medio ambiente y prende una luz amarilla que debería  tenerse en cuenta para mejorar los procedimientos, las regulaciones y  los controles

4. Comentarios finales

En la próxima campaña electoral no es  necesario poner el énfasis en lo que se hizo, sino en lo que falta por  hacer. No sirven los análisis superficiales y cortoplacistas ni las  evaluaciones autocomplacientes que no identifican los problemas que  deben ser encarados. Si fuera necesario hacer un programa de un solo punto, sería cobrarle impuestos a los dueños de la tierra. Durante el gobierno del FA el  precio de la tierra aumentó un 600%, las tierras del Uruguay se cotizan  en 55.000 millones de dólares, no puede haber ninguna duda de que sus  dueños son los ganaron más y sin embargo, son los que pagan menos  impuestos. El impuesto de ANEP y el impuesto al patrimonio sobre los inmuebles  rurales fueron creados por los gobiernos blancos y colorados,  suspendidos en situaciones de crisis de las actividades agropecuarias.   No hay ninguna justificación para que no se reimplanten cuando las  ganancias de estas actividades alcanzan niveles sin precedentes. Los gobiernos del Frente lograron el crecimiento económico y la  mejora en las condiciones materiales de vida de los sectores populares,  pero se ha mantenido la exclusión social y aumentó la concentración y la extranjerización del capital, lo que profundiza la dependencia  económica, política y militar del país. La presidencia del compañero Mujica y el peso de la bancada del MPP  crearon condiciones que no se repetirán en el futuro. El FA ha perdido  su capacidad de profundizar los cambios, que se traba agitando fantasmas como la posible fuga del capital o los impactos de la crisis mundial,  el freno está adentro. De todos modos quiero ratificar mi adhesión al FA y mi voto en las  próximas elecciones para facilitar el fortalecimiento  en la lucha de  las organizaciones populares, en ese proceso caerán muchas caretas,  cambiará la correlación de fuerzas internas con la derrota del caballo  de troya de la burguesía y el FA recuperará su capacidad transformadora.


domingo, 14 de julio de 2013

El nuevo régimen del Servicio Civil excluye al 60% de servidores públicos

El nuevo régimen del Servicio Civil excluye al 60% de servidores públicos

De retro. No todos los servidores del sector público pasarán al nuevo régimen del Servicio Civil, entre quienes no pasarán están los que laboran en el BCR, en el Congreso, entre otros.
De retro. No todos los servidores del sector público pasarán al nuevo régimen del Servicio Civil, entre quienes no pasarán están los que laboran en el BCR, en el Congreso, entre otros.
Cambios. Ley no incluye a carreras especiales como Educación, Salud, Fuerzas Armadas. Tampoco a trabajadores del BCR y Congreso, en total un universo de más de 800 mil servidores.
Carlos Bessombes.
La nueva Ley del Servicio Civil  (N°30057), a la cual podrán ingresar 560 mil trabajadores públicos, toda vez que es voluntaria para quienes laboren bajo los alcances del Decreto Legislativo 276, DL. 728, y obligatoria para los servidores con Contrato Administrativo de Servicios (CAS), excluye a una masa laboral de más de 800 mil personas.
Hoy la cantidad de trabajadores que emplea el Estado es de un millón 400 mil personas. El 60% de ellas pertenecen a las carreras especiales, llámese Educación, Fuerzas Armadas yPolicíasSalud, magistrados y diplomáticos, y quienes, de acuerdo con la norma, quedan excluidos de la Ley del Servicio Civil debido a que estos regímenes especiales tienen sus propias leyes y parámetros ya establecidos.
Se debe precisar que los trabajadores administrativos pertenecientes a las carreras especiales sí pasan al Servicio Civil.
Adicionalmente, la ley aprobada el 3 de julio por el Congreso de la República y promulgada y publicada el 4 de julio en el diario oficial también exonera a los trabajadores de la Contraloría General de la República, Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Congreso de la República, Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) y de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
Asimismo, la ley exceptúa a los servidores de las 34 entidades adscritas al Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe), entre ellasEsSalud, Sedapal, Agrobanco, Electroperú, Egesur, Perupetro, Enapu, Corpac, Banco de la Nación, Cofide, MiVivienda, entre otros. Petroperú está fuera del Fonafe, sin embargo la ley precisa que como empresa pública tampoco pasa al nuevo régimen laboral.
Los servidores públicos de los organismos reguladores sí pasarána la nueva ley, salvo los exceptuados por el Congreso como son la Sunat y la SBS.
Vale decir entonces que sí deben postular al Servicio Civil los trabajadores de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmín), Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) y de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass).
PRESIONES A LA NORMA
Si usted es un trabajador y labora en la Sunat, por ejemplo, se seguirá manteniendo como tal pero rigiéndose a las reglas de la Ley de Eliminación Progresiva del CAS, promulgada en abril del 2012. Fuentes del Servir confirmaron a La República que vienen analizando cómo harán para que estos CAS sean Servicio Civil más adelante.
Gracias a la Ley de Eliminación Progresiva del CAS, estos hoy gozan de beneficios como el pago por aguinaldo por Fiestas Patrias y Navidad, el derecho a un periodo vacacionalde 30 días y a la libertad sindical.
Por citar otro caso, si usted trabaja para el BCR bajo el régimen DL 276 o DL 728, pues continuará laborando como tal sin ningún problema.
Los trabajadores CAS y de los DL 728 y DL 276 tienen chance de postular al nuevo régimen en otra entidad del Estado que sí lo tenga implementado.
Las precisiones de la Ley del Servicio Civil, así como los ajustes necesarios que ayuden a disipar las dudas sobre esta gran reforma, se realizarán en los 180 días que dura la reglamentación.
CARRERAS Y SUELDOS ESTANCADOS
Como lo ha reconocido la actual administración, gremios empresariales y agentes económicos, la Ley del Servicio Civil es una de las reformas más ambiciosas y esperadas de los últimos 20 años porque actualmente los sueldos están congelados y las carreras estancadas.
Se menciona que esta gran reforma, cuyo implementación durará 7 años es clave para lograr un mejor servicio público al introducir la meritocracia para elevar la calidad de los servicios que el Estado brinda a los ciudadanos. Asimismo, porque elevará los ingresos de la mayoría de los servidores públicos e incentivará su crecimiento personal y profesional en la administración pública.
Se debe recalcar que el paso al nuevo régimen es voluntario, es decir, respeta la voluntad de los trabajadores que podrán decidir postular al nuevo régimen.

domingo, 19 de mayo de 2013

Plan de acción para la política de los Estados Unidos en las Américas


Plan de acción para la política de los Estados Unidos en las Américas


Mientras el congreso estadounidense lucha para superar la crisis económica y hacer frente a amenazas contra la seguridad de los Estados Unidos, Latinoamérica se está transformando de manera significativa y resulta imperante fortalecer la cooperación económica y en materia de seguridad con nuestros aliados en la región. Países como México y Brasil se están convirtiendo en actores globales que merecen nuestra atención y cooperación bipartidista para promover una agenda regional que fomente el crecimiento del libre mercado, iniciativas practicas – no retoricas – que animen a países y vecinos a unirse a un esfuerzo colectivo de mutuo beneficio.
Los puntos clave de esta Perspectiva:
  • Tanto la crisis económica estadounidense como las amenazas a su seguridad han socavado su papel tradicional como líder mundial, debilitando sus vínculos con las naciones de América Latina que siguen modernizando sus economías.
  • Estados Unidos debe recuperar su credibilidad regional adoptando iniciativas audaces para restaurar su solvencia fiscal, promocionando el comercio de forma agresiva, la interdependencia energética, la transferencia de tecnología y el crecimiento económico.
  • Estados Unidos debe entonces reorganizar la estrategia a emplear con sus socios de las Américas, trabajando con ellos para combatir amenazas como la delincuencia en las áreas de frontera y el populismo radical, fomentando el diálogo con los líderes regionales y garantizando el cumplimiento de la ley para desarrollar una relación mutuamente benéfica.

Para que la economía y seguridad de los Estados Unidos sea exitosa una región estable y prospera es indispensable. De la región emanan tres de las cuatro principales fuentes de energía extranjera que abastecen a los Estados Unidos, lo que representa uno de los destinos de mayor crecimiento para las exportaciones e inversiones estadounidenses. Claramente, la geografía y valores compartidos predeterminan un destino común para los Estados Unidos y sus vecinos de las Américas.
Este destino será positivo y fructífero siempre y cuando los políticos estadounidenses, las empresas privadas y la sociedad civil aprovechen las nuevas oportunidades y enfrenten los desafíos críticos.
Los tiempos han cambiado. La crisis fiscal de los Estados Unidos y su preocupación por dos guerras han distraído a los legisladores de Washington, socavando el liderazgo estadounidense en las Américas. Aunque el acceso al mercado, la inversión, la tecnología y otros beneficios económicos estadounidenses sean muy valorados por la mayoría de los países de Occidente, en la actualidad Estados Unidos ya no es el único socio importante a elegir. Asia (principalmente China) y Europa están haciendo avances importantes. Mientras los legisladores estadounidenses rediseñan su estrategia para las Américas, deben dejar de lado el paternalismo del pasado y ser mucho más enérgicos en la generación de alianzas significativas con vecinos dispuestos a colaborar.
Está claro que Estados Unidos debe recuperar su credibilidad tomando decisiones audaces para restaurar 
su solvencia fiscal, promocionando agresivamente el comercio, la interdependencia energética, la transferencia de tecnología y el crecimiento económico. Washington estará entonces mejor posicionado para cultivar una mayor cooperación económica y política con sus vecinos, empezando por un diálogo abierto y franco con los líderes de la región acerca de sus visiones, sus retos y prioridades. Solo así se podrán construir relaciones sobre un terreno común.
Hoy en día, el 95 por ciento de los consumidores del mundo viven fuera de los Estados Unidos y, según el Fondo Monetario Internacional, en 2015 el 80 por ciento del crecimiento económico se llevará a cabo fuera del territorio estadounidense.
Los desafíos para la seguridad en las Américas son muy reales y cada vez más complejos. El narcotráfico, el crimen organizado transnacional y el populismo radical alimentado con  petrodólares, aliados a peligrosas fuerzas extra regionales, representan enormes desafíos. Aunque es conveniente dar prioridad a una agenda socioeconómica y política propositiva, constituyen prerrequisitos indispensables evaluar y afrontar las amenazas para conseguir la seguridad de los Estados Unidos y el liderazgo regional.
Para sacar el mayor provecho del destino que comparten, los Estados Unidos y sus socios en las Américas deberán:
  • Promover y defender la democracia, el estado de derecho,  gobiernos transparentes y  economías prósperas,  derechos humanos y la propiedad privada como pilares de una sociedad justa;
  • Defender y apoyar el empoderamiento de los individuos a través del desarrollo de economías de libre mercado, sectores privados saludables y de libre comercio entre las naciones;
  • Ayudar a países vecinos a hacer frente a las necesidades esenciales en seguridad para que puedan crecer pacíficamente y ser más eficaces como aliados en la prevención y lucha contra amenazas comunes;
  • Incentivar mercados capitales y fomentar una nueva e innovadora cooperación tecnológica para desarrollar una comunidad regional interdependiente en la producción y en la distribución de una amplia gama de productos y servicios - en particular la energética; 
  • Confrontar el crimen organizado internacional en México y en Centroamérica, apoyando a instituciones policiales eficientes y sistemas judiciales competentes;
  • Trabajar con aliados dispuestos a restaurar la misión esencial de la Organización de los Estados Americanos en la promoción y defensa de valores y en el enfrentamiento de amenazas comunes;
  • Abordar el papel de China y Rusia en las Américas fomentando la inversión y el comercio regional de forma abierta y transparente, rechazando aquellas políticas explotadoras que perjudiquen las sociedades locales, la seguridad regional y el crecimiento económico;
  • Combatir las amenazas que representan los regímenes autoritarios y sus vínculos con Irán, Hezbollah y las organizaciones delictivas transnacionales;
  • Ayudar al pueblo cubano en su transición hacia una Cuba post-Castro, poniendo en marcha el sector privado, rehabilitando su economía y restaurando sus derechos políticos cuando se derrumbe la dictadura.

Maximizando la mutua competitividad global
La expansión de la cooperación económica regional es crucial para el crecimiento económico de los Estados Unidos. La economía de hoy,  híper-competitiva y globalizada, requiere de manera imperativa estrategias agresivas de promoción e inversión comercial. Claramente, la prosperidad interna de un país depende de su éxito en el extranjero. Las oportunidades económicas en occidente son enormes y los legisladores estadounidenses y el sector privado deben reconocerlas como fundamentales para el crecimiento económico de su propio país.
En 2011, las exportaciones de Estados Unidos alcanzaron un récord de $ 2,1 billones de dólares, a 
pesar de que sólo el 1 por ciento de las empresas estadounidenses exportan sus productos a mercados extranjeros. Estados Unidos debe aprovechar mejor estas oportunidades. Las exportaciones benefician a la economía de Estados Unidos, ofreciéndole oportunidades para que las empresas gocen de nuevos mercados que hagan crecer su producción y ganen más liquidez para el consumo. Hoy en día, el 95 por ciento de los consumidores del mundo viven fuera de los Estados Unidos y, según el Fondo Monetario Internacional, en 2015 el 80 por ciento del crecimiento económico se llevará a cabo fuera del territorio estadounidense.
Indiscutiblemente, Estados Unidos necesita desarrollar una política comercial agresiva – es decir vender bienes y 
servicios estadounidenses en todos los mercados posibles - para afinar el lado competitivo de su economía en el siglo XXI. En este sentido, el futuro de Estados Unidos está íntimamente ligado al futuro de los vecinos de su propio hemisferio. Un hemisferio próspero se traduce en un Estados Unidos más próspero.
El Momento del Hemisferio Occidental
Estados Unidos está estratégicamente bien situado para iniciar un nuevo capítulo de relaciones comerciales con América Latina. Los países de las Américas están vinculados por lazos históricos, culturales, familiares y geográficos y unidos por valores comunes e intereses mutuos. Lo que también facilita la expansión económica de la región es la proximidad de los socios comerciales regionales a los Estados Unidos y el gran número de hispanos que vive en este país -unos 50 millones- lo cual significa una excepcional ventaja estratégica para hacer negocios en sus países de origen.
Desde 2003, se estima que 73 millones de latinoamericanos han salido de la pobreza.
Igualmente importantes son los avances que han hecho muchos países de la región en los últimos años en cuanto a estabilidad y crecimiento económico ya que las raíces de la democracia y el estado de derecho siguen ganando fuerza. Países como México, Chile, Perú, Brasil y Colombia han estado a la vanguardia en la modernización de 
sus economías y en la apertura a la inversión y la liberalización del comercio, siendo por lo tanto más competitivos en general.
Las cifras hablan por sí mismas. Desde 2003, se estima que 73 millones de latinoamericanos han salido de la pobreza. Además, entre esa fecha y el año 2010, el ingreso promedio de América Latina se incrementó en más del 30 por ciento, lo que significa que en la actualidad, casi un tercio de la región - unas 570 millones de personas-  son consideradas como pertenecientes a la clase media. Sólo en los próximos cinco años, se prevé que las economías regionales creceran en un tercio. Esa estabilidad macroeconómica genera aún mayores oportunidades para las empresas estadounidenses.
El Hemisferio Occidental suministra un cuarto del petróleo crudo del mundo, un tercio del gas natural del planeta, casi una cuarta parte de su carbón y más de un tercio de la electricidad mundial, ofreciendo a su vez un enorme potencial para el desarrollo de tecnologías de energía renovable.
Ciertamente, muchos en el sector privado estadounidense ya han descubierto los beneficios de las relaciones económicas intra-hemisféricas. De hecho, América Latina ha desempeñado un papel clave en la expansión de las exportaciones estadounidenses en los últimos años.
Los informes del Servicio de Investigación del Congreso reportan que entre 1998 y 2009, el comercio de los Estados Unidos y América Latina aumentó en promedio 82 por ciento, en más del 72 por ciento con Asia, en 52 por ciento con la Unión Europea, y alrededor del 64 por ciento con el resto del mundo. Solamente en 2011, el comercio con América Latina creció en un 20 por ciento.
En el año 2011 el crecimiento económico impulsó el comercio entre Estados Unidos y la región a un máximo histórico de $ 772 millones de dólares.
Las exportaciones a la región aumentaron en un 22 por ciento, hasta $ 350 millones, mientras que las importaciones aumentaron en un 20 por ciento para un total de $420 millones.
De acuerdo con el Departamento de Comercio de Estados Unidos, las empresas estadounidenses ahora exportan más hacia al Hemisferio Occidental - un 42 por ciento del total de exportaciones de los Estados Unidos - que a cualquier otra parte del mundo, incluida China. El año pasado, las exportaciones de mercancías estadounidenses a América Latina ascendieron a $ 367 mil millones de dólares, y las inversiones del sector privado de los Estados Unidos conforman un tercio de toda la inversión extranjera directa de la región.
Los Estados Unidos tiene acuerdos comerciales con 11 países del Hemisferio Occidental, que según reportes del Departamento de Comercio son la fuente de casi cuatro millones de empleos en este país. Es evidente, sin embargo, que se puede hacer mucho más para aprovechar el potencial de las relaciones económicas intra-hemisféricas en la híper-competitiva economía global.
Para revitalizar las alianzas existentes y desarrollar nuevas asociaciones que impulsen la competitividad de los países debe existir imprescindiblemente un alto nivel de compromiso oficial de Estados Unidos. Una política comercial revigorizada deberá trascender los enfoques del pasado que han sido demasiado identificados con los intereses de los Estados Unidos y demasiado centrados en relaciones bilaterales.
Un enfoque del siglo 21 requiere de un compromiso más multilateral y de cooperación, de intercambio de información mutuamente beneficiosa, de apoyo, y de una visión incluyente.
Una estrategia complementaria para aumentar la demanda de bienes y servicios de Estados Unidos exige la movilización de capital privado, propiciando la transferencia de tecnología y el aprovechamiento de programas 
existentes en los Estados Unidos para fortalecer el sector privado en las Américas. Tradicionalmente, el crecimiento del sector privado se ha visto frenado por la falta de inversión y de acceso al crédito. Con una estrategia real de 
beneficio mutuo, los Estados Unidos puede impulsar las exportaciones y la inversión fortaleciendo a los productores y consumidores regionales.
De acuerdo con el Departamento de Comercio de Estados Unidos, las empresas estadounidenses ahora exportan más hacia al Hemisferio Occidental - un 42 por ciento del total de exportaciones de los Estados Unidos - que a cualquier otra parte del mundo, incluida China.
En resumen, la recuperación y competitividad económica de Estados Unidos dependerá crucialmente del aumento de iniciativas gubernamentales estadounidenses para ampliar asociaciones económicas con los países vecinos del hemisferio occidental. Un hemisferio próspero es también beneficioso para los problemas de seguridad de los Estados Unidos. En el continente americano se localizan algunos de los mercados más dinámicos del mundo. El gobierno de Estados Unidos debe reconocer esta realidad y aprovechar plenamente estas oportunidades.
Impulsando el comercio bilateral. La prosperidad de Estados Unidos dependerá de una mayor interacción económica global con el Hemisferio Occidental, proporcionando oportunidades únicas. He aquí tres recomendaciones para impulsar el comercio bilateral:
  • Promover la iniciativa del gobierno estadounidense Pathways to Prosperity (Caminos hacia la Prosperidad) como vehículo principal – incluyendo la participación presidencial y ministerial para facilitar una mayor integración comercial hemisférica [1];
  • Ampliar la participación latinoamericana en el Trans-Pacific Partnership (Alianza Transpacífica), una iniciativa para promover el fortalecimiento de los lazos económicos entre el hemisferio occidental y la región Asia-Pacífico, más allá de Perú, Chile y México;
  • A través del Banco Interamericano de Desarrollo, aumentar el apoyo material y técnico al comercio y a grupos de fomento empresarial en toda la región a fin de promover las “mejores prácticas” entre empresas, cooperativas o personas que deseen exportar sus productos o servicios.

Iniciativa para la liberación económica de las Américas
Para acelerar el crecimiento de la clase media del continente – y por lo tanto estimular la demanda de bienes y servicios estadounidenses – debería implementarse una iniciativa a nivel presidencial para impulsar a un fuerte sector privado en toda la región. Algunas recomendaciones para lograr esto:
  • Utilizar la experiencia estadounidense y regional para desarrollar mercados capitales de la región que aumenten la disponibilidad de financiamiento privado para la expansión de negocios, de empresarios
  • en ciernes y de innovadores. En primer lugar, esto implicaría la convocatoria de una cumbre de mercados capitales regionales - con la participación del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y de mercados regionales homólogos – para el lanzamiento de un grupo de trabajo público-privado que desarrolle un plan de trabajo para la formación de capital, identificando los prerrequisitos y determinando los obstáculos para el desarrollo de mercados de capital sólidos en América Latina y el Caribe. El equipo estaría integrado por expertos del sector financiero gubernamental, especialistas del Banco Interamericano de Desarrollo, hombres de negocios e inversionistas profesionales. En segundo lugar, habría que agrupar a otras naciones para el desarrollo y financiación de un fondo de inversión privado para la región, a través del Banco Interamericano de Desarrollo, que proporcione equidad y capital de deuda directamente a manos de inversionistas privados de forma rápida y en términos comerciales (especialmente en lugares tradicionalmente desatendidos por el capital privado por ser de alto riesgo). Este fondo estaría liderado por una junta privada y gestionado de forma independi-ente por profesionales de inversión sujetos a supervisión pública;
  • Solicitar a la banca multilateral de desarrollo su apoyo técnico y financiero para la creación de fondos empresariales a nivel regional o subregional para reforzar el desarrollo del sector privado local a nivel empresarial inicial, lo que proporcionaría un capital semilla y la asistencia técnica para pequeñas y medianas empresas. Estos fondos se capitalizarían con financiamiento público y privado y serían administrados por inversionistas profesionales;
  • Asegurar una protección adecuada a los mercados regionales de capital para prevenir la financiación del terrorismo internacional y el lavado de dinero del narcotráfico;
  • Convocar una cumbre de decanos de escuelas de negocios para ampliar los programas de intercambio entre las 20 escuelas de negocios más importantes de las Américas. Este programa deberá reforzar conocimientos en comercio, administración de empresas y gestión de capital, entre otros campos, para fortalecer la capacidad profesional en las economías nacionales;
  • Ampliar los intercambios entre científicos e ingenieros con emprendedores innovadores y aquellos dedicados a la investigación privada y al desarrollo, para potenciar e identificar la innovación y tecnologías comercialmente viables;
  • Revisar las directrices de la corporación estadounidense Millenium Challenge  (Desafío del Milenio) para dar prioridad a programas en subregiones (por ejemplo, en el sur de México y el noreste de Brasil) y poner énfasis en acuerdos de financiación cooperativa, incluyendo contribuciones del sector privado.

La seguridad energética en el Hemisferio Occidental
También hay que maximizar la competitividad mundial de mutuo beneficio en el sector energético. Estados Unidos podría lograr esto aprobando inmediatamente la ampliación del oleoducto Keystone XL que conecta los depósitos de petróleo de Canadá con las refinerías de Estados Unidos en el Medio Oriente. A su vez debe esforzarse por crear un grupo consultivo de energía regional “Big 4” entre Estados Unidos, Canadá, México y Brasil, incluyendo representantes del sector privado - para promover la cooperación y compartir las mejores prácticas de producción y distribución de energía. También se debería organizar una cumbre de Camp David con los líderes de las cuatro naciones.
Programa de promoción de la democracia
El ascenso al poder de Hugo Chávez y de sus compañeros populistas autoritarios ha puesto en evidencia la fragilidad de las instituciones democráticas de América Latina. Su modus operandi ha sido la utilización de estas instituciones para acumular poder y luego vaciarlas sistemáticamente, concentrando todo el poder en el ejecutivo, marginando a la oposición y socavando el estado de derecho.
Una estrategia estadounidense para revigorizar las relaciones con las Américas debe incluir la promoción decidida de la democracia para ayudar a sus socios a fortalecer y consolidar sus instituciones democráticas contra la depredación de potenciales amenazas autoritarias.
Sin duda, la responsabilidad  de construcción de la democracia recae en los líderes y ciudadanos de cada país. Le corresponde a cada nación tomar decisiones difíciles para reducir el poder del Estado, proteger las libertades individuales, y promover la rendición de cuentas y la integridad dentro del gobierno. No obstante, Estados Unidos no es un espectador desinteresado. Prefiere trabajar para hacer avanzar la causa por la democracia en todo el mundo, para alcanzar auténticos beneficios de seguridad y prosperidad a largo plazo en las América.
Esto no es sólo una cuestión de interés propio de los Estados Unidos. La democracia también confiere beneficios significativos a sus ciudadanos dondequiera que haya logrado echar raíces, dando lugar a un gobierno más eficaz, con mayor seguridad y mejores perspectivas para el desarrollo económico. Estados Unidos puede respaldar este proceso, apoyando a reformistas que estén trabajando en sus países para consolidar instituciones estables, honestas, basadas en normas y creando incentivos para una mayor responsabilidad en el gobierno a través de asistencia técnica.
Igualmente importante es la necesidad de aumentar el apoyo para el fortalecimiento de los cimientos de un gobierno representativo: organizaciones civiles no gubernamentales. Estos incluyen, pero no están limitados a, asociaciones empresariales, organizaciones de medios de comunicación, gobiernos, sindicatos, grupos de consumidores, ambientalistas y grupos de protección de la mujer y de los derechos humanos.
En Cuba, los ciudadanos deben hacer frente a este desafío superando sus miedos y reclamando el futuro que les pertenece. Antes de que puedan construir ese futuro, deben desmantelar los vestigios de la policía del estado y de la economía centralizada. La responsabilidad es de ellos, pero sus amigos pueden brindar su ayuda con una serie de medidas audaces y constructivas. Aunque ahora sea más importante que nunca preservar las sanciones económicas y utilizarlas como palanca para promover reformas amplias, profundas e irreversibles, los Estados Unidos debería utilizar la promesa de la ayuda, del comercio y de las relaciones políticas normales como incentivo para reforzar el cambio.
Estados Unidos debe ser consciente y audaz en su apoyo a los demócratas de las Américas. No debe permitir que la hostilidad de los regímenes antidemocráticos lo disuada de ayudar a los demócratas que luchan en países como Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua. Si los defensores de la democracia están dispuestos a asumir los riesgos necesarios para abogar por futuros diferentes para sus países, los Estados Unidos debe demostrar su solidaridad y apoyo.
Una vez más, no existe una fórmula mágica a nivel de las políticas para el desarrollo de instituciones democráticas, 
la construcción de sistemas judiciales transparentes y apolíticos, la eliminación de la corrupción, ni para la promoción de elecciones competitivas. Es un proceso difícil que nunca se llega a completar totalmente, como muestra la historia de Estados Unidos. Pero solamente a través del apoyo decidido y de la democratización de países podemos lograr y mantener un hemisferio estable, seguro y próspero.
Algunas recomendaciones para la promoción de la democracia:
  • La Organización de los Estados Americanos: el gobierno de Obama debería dar instrucciones al representante permanente de los Estados Unidos para trabajar con gobiernos dispuestos a promover los valores e intereses fundamentales, fortalecer la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, y restaurar la independencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
  • Es necesario que América Latina vuelva a ser considerada como una prioridad para la recepción de fondos por parte de la National Endowment for Democracy, el International Republican Institute, el National Democratic Institute y otras organizaciones relacionadas. Si bien la democracia ha establecido raíces firmes, sus instituciones necesitan fortalecerse, o de lo contrario los beneficios obtenidos en las últimas décadas podrían verse comprometidos. Los promotores de la democracia deben priorizar su apoyo a los partidos  políticos, periodistas independientes y otros protagonistas indispensables y constructivos en el proceso político.
  • En Cuba, los Estados Unidos debería restablecer los programas en favor de la democracia, con miras a lograr un verdadero cambio en la isla.
  • El presidente estadounidense deberá reactivar la Comisión de los Estados Unidos para la asistencia a una Cuba Libre para actualizar los planes de transición y formular un compromiso específico de ayuda robusta para una transición genuina.
  • Una vez que la transición esté en marcha en Cuba, los Estados Unidos deberá crear un fondo de empresa privada y un Consejo de Negocios con la isla para promover el surgimiento de emprendedores cubanos, así como el desarrollo de un sector privado sano e independiente, el respeto a la propiedad privada, y el estado de derecho.
Agenda para la seguridad y estabilidad
Las fronteras terrestres y marítimas, en términos de seguridad, para los países del Hemisferio Occidental constituyen una prioridad permanente para el gobierno de los Estados Unidos. Los desafíos de seguridad que enfrentan México, Centroamérica y Venezuela son más dramáticos en la actualidad que en tiempos pasados.
En el último año de gobierno de George W. Bush, México y Estados Unidos acordaron un paquete de ayuda de $ 1 mil millones contra el narcotráfico. Sin embargo, a pesar de la enorme oportunidad que esto representaba para que  México y Estados Unidos llegasen a una cooperación de seguridad más estrecha y de beneficio mutuo, el proceso de ayuda fue entregado tan lentamente que los mexicanos todavía se preguntan si la guerra contra las drogas es una prioridad para los Estados Unidos. Los legisladores conservadores que hace una década eran la fuerza impulsora detrás del Plan Colombia han sido bastante menos activos en México, enfocándose solo en la seguridad fronteriza como un medio para luchar contra la inmigración ilegal y dejando a los mexicanos solos en su lucha contra los carteles.
Es hora de que Estados Unidos reconozca de manera más categórica que “la guerra de México contra el narcotráfico”, que dicho país está librando, es más bien “la guerra de Estados Unidos contra el narcotráfico”.
El Departamento de Justicia estadounidense dice que las organizaciones del narcotráfico en México son la mayor amenaza de crimen organizado para su país. Estados Unidos debe suprimir la demanda de drogas ilícitas a través de la educación, el tratamiento y la aplicación de la ley, pero sin olvidar la responsabilidad imprescindible de ayudar a México a mantenerse en la lucha.
Aún cuando la comunidad internacional implementa nuevas sanciones económicas para prohibir a Teherán los medios para mantener un programa de enriquecimiento de uranio, el régimen ha establecido docenas de oscuras empresas comerciales y bancos en Venezuela para blanquear hasta $ 30 mil millones a través de su petro-economía.
Por otra parte, el aumentar el apoyo político bipartidista de Estados Unidos puede animar al pueblo mexicano y a su nuevo presidente, Enrique Peña Nieto, a mantener sus esfuerzos antidrogas para avanzar con la seguridad, la estabilidad y la prosperidad de ambos países. Los Estados Unidos también debería proporcionar apoyo material recio e innovador para estos esfuerzos e institucionalizar la cooperación policial y el intercambio de información esenciales para esta lucha común contra los grupos delictivos transnacionales.
En América Central, las instituciones de gobierno y el imperio de la ley se han visto desbordados por la avalancha de bandas criminales que han sido desplazadas por la reforzada aplicación de la ley en México. El aparato estatal Guatemalteco ha carecido de fondos suficientes durante décadas, y las instituciones de Honduras se han visto debilitadas por una sucesión de presidentes populistas caudillistas y por la corrupción sistemática y la presencia cada vez mayor de la delincuencia organizada. El Salvador enfrenta un desafío único de pandilleros deportados de los Estados Unidos, que mantienen sus vínculos con redes criminales en centros urbanos estadounidenses. Una crisis de seguridad pública en estos países ha minado la confianza popular en los funcionarios electos y ha desbordado las mal entrenadas y equipadas fuerzas de seguridad.
A menos que Estados Unidos y los países vecinos coordinen una respuesta conjunta internacional, varios 
de estos países pueden convertirse pronto en territorios ingobernables, generando serios problemas económico, conflictos civiles y crisis de refugiados. Este desafío requiere de un plan de rescate regional (liderado por Estados Unidos, México, Colombia, Europa, y los bancos multilaterales de desarrollo). Estados Unidos debe fomentar la organización de una cumbre de gobiernos e instituciones de aquellos países interesados en desarrollar dicho plan y ponerse de acuerdo sobre cómo implementarlo y financiarlo.
Pero la mayor amenaza a la seguridad y la estabilidad en las Américas es el narco-estado que ha echado raíces en Venezuela bajo el irresponsable régimen de Hugo Chávez. Este régimen hostil es administrado por aparatos de seguridad de Cuba, financiado por China, armado por Rusia, y asociado con Irán, Hezbolá y narcotraficantes colombianos y mexicanos.
Autoridades policiales y fiscales federales han reunido nueva y fascinante evidencia implicando a altos funcionarios venezolanos y al propio Chávez en el narcotráfico en colusión con grupos terroristas colombianos. Chávez también ha establecido una importante alianza estratégica con Irán para que este pueda evadir sanciones internacionales y llevar su amenaza asimétrica a las propias puertas de los Estados Unidos. Aún cuando la comunidad internacional implementa nuevas sanciones económicas para prohibir a Teherán los medios para mantener un programa de enriquecimiento de uranio, el régimen ha establecido docenas de oscuras empresas comerciales y bancos en Venezuela para blanquear hasta $ 30 mil millones a través de su petro-economía.
Ciertamente, los principales narcotraficantes que administran la Venezuela de hoy, tendrán todas las de perder cuando Chávez sucumba al cáncer. Varios de los feroces gobiernos anti-estadounidenses tienen gran interés en  participar en el diseño de una sucesión chavista, aún cuando dicho régimen esté luchando contra una situación fiscal insostenible, una economía colapsada, la polarización social y una crisis de seguridad pública. En resumen, dentro de los próximos años, Venezuela se convertirá en un desastre que impactará en la seguridad regional y el suministro de energía. La política actual de Estados Unidos de evadir su respon-sabilidad ante la implosión de Venezuela es insostenible y peligrosa.
Todo gobierno serio en las Américas debe asumir su responsabilidad al lidiar con estos temas antes de que se vuelvan inmanejables. Las crisis en Centroamérica y Venezuela requerirán del liderazgo de los Estados Unidos, de diplomacia inteligente, y de recursos para organizar un sistema eficaz de respuesta multilateral.
Las siguientes son recomendaciones para abordar estos temas, enumerados según el país o región.

Las Américas:
  • Reiterar el énfasis en las capacidades de inteligencia y en la misión para enfrentar amenazas extrarregionales y la delincuencia en las áreas de fronteras y limítrofes;
  • Incrementar el diálogo a nivel de las fuerzas armadas regionales y europeas, así como con las agencias de inteligencia y seguridad sobre las amenazas comunes;
  • Plantear que los Comandos Norte y Sur, la Guardia Costera estadounidense, y de la agencia antidrogas estadounidense (DEA) proporcionen nuevos planes de acceso para la consecución adicional de fondos y otros apoyos;
  • Garantizar una mayor cooperación desde el Departamento de Estado estadounidense con la policía y los grupos de inteligencia.
México:
  • Desarrollar un fuerte apoyo bipartidista en el Congreso de los Estados Unidos para los esfuerzos antinarcóticos mexicanos y para que se considere a México no sólo como un “ejecutor”, sino como un aliado contra los carteles del narcotráfico, así como brindarle importancia a las estrategias comunes “de América del Norte”;
  • Establecer una unidad interinstitucional entre Estados Unidos y México con base en el Departamento del Tesoro estadounidense para mejorar la focalización contra el crimen organizado y las operaciones de lavado de dinero, a fin de paralizar la solvencia financiera de los cárteles.
Centroamérica:
  • Construir una coalición internacional para apoyar los esfuerzos antidroga y anticrimen centroamericanos  - lo que incluiría a México, Colombia y la Unión Europea -  redirigiendo los bienes incautados a los programas antidrogas en el exterior;
  • Desarrollar una estrategia integral para fortalecer a los gobiernos regionales y los procesos institucionales con el objetivo de marginar a grupos del crimen organizado mediante el aumento de la seguridad, la persecución legal, y las operaciones contra el crimen.
Venezuela:
  • Formar un grupo de trabajo interinstitucional bajo el liderazgo del Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos para evaluar y responder a las amenazas que representa el gobierno de Chávez y su alianza con Irán, su relación con el narcotráfico y las implicaciones de la compra de armas rusas;
  • Mejorar el uso de las medidas de aplicación de la ley por la DEA y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para desenmascarar a funcionarios venezolanos y empresas que estén involucradas con el narcotráfico, el terrorismo internacional, o entidades iraníes sancionadas;
  • Instruir a embajadas estadounidenses en el extranjero para que ayuden a grupos de la oposición venezolana en la construcción de una red de solidaridad internacional democrática para mantener el control de graves violaciones en el régimen de Chávez de procesos democráticos y de la defensa de derechos fundamentales de la oposición venezolana democrática;
  • Transmitir mensajes diplomáticos apropiados a China, Cuba, Rusia e Irán para que no interfieran en la transición democrática post-Chávez en Venezuela;
  • Preparar un plan de acción post-Chávez para ayudar con la eliminación de elementos criminales en el gobierno venezolano actual, ayudando a los venezolanos a recuperar los activos robados y contribuir a la rehabilitación del sector energético y de la infraestructura nacional a través de la participación del sector privado y de los bancos multilaterales de desarrollo.
Relaciones entre los Estados Unidos y Brasil
La puesta en marcha de una renovada política estadounidense en el Hemisferio Occidental requiere de 
una reevaluación profunda de las relaciones bilaterales con Brasil. Con una población de unos 200 millones 
de habitantes, una economía de $ 2,5 trillones de dólares (la sexta en el mundo), y una historia reciente 
de gestión política y económica estable y vigorosa, Brasil está empezando a darse cuenta de su enorme potencial. Así como China utilizó los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 para dar a conocer su progreso económico y su ingreso a la modernidad, Brasil será el foco de la atención mundial en 2014 y 2016 como sede de la Copa Mundial y de los Juegos Olímpicos, respectivamente.
Fortalecer y ampliar las relaciones con Brasil debe ser una prioridad presidencial para los Estados Unidos. La profundización de la cooperación para el desarrollo, en particular en las áreas de comercio, seguridad y energía es a todas luces de interés para ambos países. Sin embargo, aunque la modernización de relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Brasil brinda oportunidades, también representa desafíos. Para la diplomacia estadounidense será una prueba convencer a algunos sectores del Brasil que las relaciones con los Estados Unidos no son un juego de suma cero, y que se pueden acumular importantes beneficios para ambas poblaciones, como resultado de una mayor cooperación.
Algunas recomendaciones para la cooperación entre los Estados Unidos y Brasil:
  • Dinamizar un compromiso a nivel presidencial;
  • Instaurar una fundación cofinanciada por los Estados Unidos y Brasil (el modelo German Marshall Fund) para institucionalizar una cooperación amplia, centrada en la información y las tecnología de las comunicaciones (la llamada “economía electrónica”), en los estudiantes, los intercambios políticos de base, culturales y de otro tipo, y la enseñanza de idiomas;
  • Establecer un equipo interinstitucional de estrategias de desarrollo para la superación de la visión de suma cero en las relaciones bilaterales, adoptada por algunos en el establecimiento de la política exterior de Brasil;
  • Crear un organismo de defensa bilateral para tratar temas que conciernen a los retos de la seguridad global, la cooperación en materia de defensa, la modernización militar, y los desafíos de seguridad regional;
  • Incentivar inversiones norteamericanas en la industria de la aviación y aeroespacial del Brasil; superando los problemas de transferencia de tecnología para la creación de oportunidades en favor de los fabricantes estadounidenses. 
  • Ofrecer cooperación con equipos encargados de la planificación de la Copa Mundial y de las Olimpiadas.
Conclusión
Las oportunidades potenciales y los beneficios mutuos nunca han sido mayores para la cooperación intrahemisférica. Pero las autoridades de los Estados Unidos deben tomar la iniciativa de manera agresiva para transformar ese potencial en realidad. Ciertamente existen desafíos y obstáculos por delante, pero el aumento de las relaciones económicas tomarán un impulso dinámico propio, y de una vez por todas dejarán obsoletos a algunos de los programas populistas retrógrados de las Américas. La proximidad geográfica, los lazos culturales y familiares, los valores compartidos y la creciente prosperidad son poderosos incentivos para impulsar una reevaluación fundamental de las relaciones entre Estados Unidos y el Hemisferio Occidental. Es esencial que las autoridades de los Estados Unidos demuestren su voluntad política para sacar provecho de esta oportunidad sin precedentes.
Este trabajo ha recibido los beneficiosos aportes y puntos de vista de expertos en la materia sobre las relaciones hemisféricas durante dos reuniones celebradas en Washington, DC. Entre ellos cabe mencionar a David Rogus, Martin Rodil, Alex Sutton, Eric Farnsworth, Ángel Rabasa, Gabriel Sánchez Zinny, Dan Runde, Francis Skrobiszewski, Danilo Cruz DePaula, Felipe Trigos, José Javier Lanza y otros que prefirieron el anonimato. Los autores son los únicos responsables del producto final.
Notas
  1. “Caminos a la Prosperidad en las Américas” (EE.UU. Departamento de Estado, Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental), 22 de octubre de 2012, www.state.gov/p/wha /rls/fs/2012/199459.htm.