La política económica en el programa del Frente Amplio del Uruguay
El socialismo es posible
diciembre 2nd, 2013 admin
El socialismo
Visión Universitaria 08 oct 13
Frente Amplio programa de gobierno
La política económica en el programa del Frente Amplio
escribe: Jorge Notaro
No es necesario repetir aquí la larga lista de logros de los gobiernos del FA. Los primeros que lo saben son los que no tenían trabajo y lo tienen, los que no tenían vivienda y la tienen, los que reciben la tarjeta Uruguay Social, los que mejoraron la capacidad de compra de sus salarios y jubilaciones, o los padres de los niños que recibieron la ceibalita y que cobran la asignación familiar.
La mejora en las condiciones materiales de los sectores populares está fuera de discusión, es una condición necesaria pero no suficiente en la lucha por la superación de la explotación y de la dependencia.
Las propuestas de política económica en un programa de una fuerza política antiimperialista y antioligárquica tienen que expresar las reivindicaciones de las organizaciones populares y continuar sus luchas en el plano político para la confrontación con las clases dominantes del país y sus socios del exterior. De esta forma se convoca a participar a los que se sienten expresados y al mismo tiempo, hay que asumir el costo de la oposición de los que van a perder parte de sus privilegios. Sin lucha, sin movilización popular, sin confrontación, no hay posibilidad de profundizar los cambios.
Con una perspectiva de largo plazo se proponen tres puntos para el nuevo programa del FA: la redistribución de los medios de producción, la erradicación de la inseguridad y el cuidado del medio ambiente.
1. La redistribución de los medios de producción
Es necesario enfrentar la concentración y extranjerización de los medios de producción promoviendo nuevas formas de propiedad y de gestión asociativa. La promoción de inversiones debe tener objetivos políticos fortaleciendo a los grupos sociales con ingresos que sean el resultado de su trabajo. La riqueza es el resultado de acumular los ingresos que no se gastaron y permite generar nuevos ingresos sin trabajar, como por ejemplo arrendando tierras, alquilando viviendas o cobrando dividendos de acciones de sociedades anónimas. Para redistribuir los medios de producción hay que facilitar el acceso a la tierra a los que la quieren trabajar, a la vivienda a los que no tienen o pagan un alquiler o a la utilización de medios de producción que permitan a los trabajadores formas de gestión sin la explotación ni la dominación de los patrones. Durante estos años de gobierno del FA se observó un importante proceso de concentración y extranjerización de los medios de producción, como la tierra, industrias manufactureras y cadenas de supermercados, que se agregaron a la ya totalmente extranjerizada banca privada. Se trató de combatir la concentración de la tierra con el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) que no como fue declarado inconstitucional no está vigente, no ha sustituido por otras medidas con el mismo objetivo y por lo tanto el gobierno del FA acepta pasivamente la agudización de un problema sobre el que reconoció que había que hacer algo. El FA no está cumpliendo con la plataforma de las elecciones de 2004 en la que se comprometió a entregar 250.000 hectáreas a los pequeños productores agropecuarios y sólo entregaron 45.000. Tampoco cumplió con la instalación de un frigorífico multimodal, no sólo para faenar ganado vacuno, ni de un complejo pesquero. Cada inversión extranjera que se localiza en el país implica que esa porción de la actividad económica pasa a integrar la estrategia de una empresa transnacional, debilita el poder del Estado y limita el ámbito de acción de la política económica. En el mediano plazo la repatriación del capital y de las utilidades generará un efecto negativo en la balanza de pagos; durante 2012 las inversiones extranjeras directas alcanzaron a 2.300 millones de dólares y las transferencias de ingresos al exterior por concepto de utilidades, dividendos e intereses fueron de 1.500 millones, dejando por lo tanto un ingreso neto de 800 millones. Esta situación se agudizará en el futuro, las inversiones acumuladas aumentarán los montos por transferencias de utilidades y la repatriación del capital, mientras que el ingreso de nueva inversiones será cada vez menor, lo que obligará a contraer la demanda interna de bienes de capital o de consumo importados. Se debe seleccionar las inversiones extranjeras directas y limitarlas a las que contribuyen a la estrategia aportando capital, mercados externos, valor agregado, contenido tecnológico, aprendizaje y demanda de insumos nacionales. Es posible utilizar los recursos disponibles en los mercados internacionales para financiar inversiones públicas o de gestión asociativa con crédito a largo plazo o colocando deuda pública aprovechando las bajas tasas de interés. No se puede demostrar que las exoneraciones tributarias que se otorgan por las Zonas Francas y la ley de promoción de inversiones son imprescindibles y se debería experimentar con una reducción progresiva teniendo en cuenta la abundancia de capital buscando oportunidades de inversión por todo el mundo. Como indicador claro de esta situación, los informes de CEPAL muestran que desde 2005 aumentó la inversión extranjera en América Latina dirigida a explotar recursos naturales y este aumento en 2011 fue de 28% respecto a 2010. En Uruguay creció menos que el promedio con un agravante, los demás países de América Latina cobran impuestos a las inversiones extranjeras que explotan sus recursos naturales y Uruguay no. Estas exoneraciones tienen dos consecuencias negativas, obligan a aumentar los impuestos sobre el trabajo y las empresas locales pequeñas y medianas y como la capacidad contributiva es baja, limitan la financiación del aumento del gasto público Como no existe un Banco de Desarrollo ni ninguna otra forma de financiamiento de inversiones, si bien el FONDES apunta en esta dirección es de reciente creación y recursos escasos, la ley de promoción de inversiones tiene como efecto aumentar la rentabilidad de los que tienen capital y se transforma en una ley de promoción de la inversión extranjera privilegiada con relación a los emprendimientos nacionales. Hay que complementar la propiedad estatal en los sectores estratégicos con medidas de apoyo a: a) los productores agropecuarios familiares que para mejorar su productividad y sus ingresos tienen como precondición el aumento de la superficie trabajada, créditos baratos, asesoramiento técnico, capacitación y apoyo en la comercialización para tener acceso a la demanda y a buenos precios; b) las cooperativas de trabajadores, las empresas recuperadas y las empresas con distintas formas de participación de los trabajadores en la propiedad del capital o en la gestión; c) las pequeñas y medianas empresas para el aumento de la productividad y que puedan ligarse en las cadenas de valor con las más grandes requieren acuerdos con participación de los distintos actores sociales que junto al Estado puedan avanzar en estos mecanismos; d) a las cooperativas de vivienda y en particular, por ayuda mutua, que al mismo tiempo que contribuyen a la redistribución de la riqueza facilitando el acceso a la vivienda de familias de bajos ingresos, desarrollan prácticas solidarias y de cooperación que construyen ciudadanía y consolidan la democracia.
2. La erradicación de la inseguridad
El número de personas privadas de libertad, adultos y jóvenes, aumenta permanentemente y genera un indicador contradictorio. Por una parte muestra que la policía es eficaz, que los jueces condenan, que la legislación es represiva y que el Ministro Bonomi cumple . Pero también muestra una sociedad que genera violencia. Hay que reconocer que no sabemos por qué aumenta el número de personas que decide robar y si es necesario, matar. Cuando nacen todos los niños son iguales y ninguno está determinado por la genética a robar o a matar, para investigar hay que recurrir a los científicos sociales de la Universidad de la República con pensamiento crítico y no sirven los informes financiados por el BID o el Banco Mundial que con sus diagnósticos esterilizados no entienden la realidad y proponen políticas ineficaces. Los materialistas podemos formular algunas hipótesis, suponemos que las ideas son un resultado de las condiciones materiales de vida lo que lleva a investigar las condiciones en las que vivieron las personas que delinquieron. Con este diagnóstico será posible diseñar las políticas dirigidas a modificar la situación en un proceso en el cual se pueden esperar cambios en el futuro. Otra hipótesis es que la práctica modifica las ideas, lo que lleva a investigar si las de los que delinquen, durante los años previos a cometer el delito, fueron diferentes de las que no delinquen; si fuera así sería necesario diseñar políticas que estimulen a sustituir las primeras por las segundas. No alcanzó con la reducción de la población con ingresos por debajo de la línea de pobreza. Una tercera hipótesis es que se generó una cultura con valores antagónicos a los de la convivencia y las víctimas de la exclusión se transformaron en victimarios. Es notorio que no alcanza con repartir plata como recomiendan los organismos internacionales y es imprescindible organizar para la participación, que es el camino de fortalecimiento de valores. Al reciente “Plan Siete Zonas” que se propone mejorar las condiciones de barrio que concentran estos problemas le falta un elemento imprescindible, la participación de los potenciales beneficiarios en la elección de prioridades así como en la ejecución, y le sobra la policía, que con su presencia estigmatiza a los vecinos de los barrios seleccionados y genera en estos un rechazo al plan. Para los grupos sociales excluidos por el desempleo de larga duración, la deserción del sistema educativo y la segregación territorial en los asentamientos se requiere una estrategia de inclusión que combine políticas de empleo, de educación, de vivienda y de medio ambiente, con participación de los potenciales beneficiarios en la definición de prioridades así como en el diseño y la ejecución de las actividades.
3. El cuidado del medio ambiente
Boaventura de Sousa Santos destacó la necesidad de defender los bienes comunes de la humanidad como respuesta a la mercantilización, privatización y financierización de la vida, destacando que “Los bienes comunes de la humanidad son bienes producidos por la naturaleza o por los grupos humanos, a nivel local, nacional o global, que deben ser de propiedad colectiva, a diferencia de lo privado y lo público (estatal), aunque le compete al Estado cooperar en la protección de los bienes comunes. Entre los bienes comunes están el aire y la atmósfera, el agua, los acuíferos, ríos, océanos, lagos, las tierras comunales o ancestrales, las semillas, la biodiversidad, los parques y las plazas, el lenguaje, el paisaje, la memoria, el conocimiento, el calendario, Internet, HTML, los productos distribuidos con licencia libre, Wikipedia, la información genética, las zonas digitales libres, etc.” Hay formas de crecimiento del PBI que destruyen recursos naturales y deterioran el medio ambiente. Estos costos ambientales y sociales deben tenerse en cuenta para evaluar las inversiones, aprobarlas o rechazarlas. Es necesario implementar políticas de crecimiento sustentable, lo que incluye cambios en la matriz productiva y en los actores sociales impulsando el desarrollo rural integral para la seguridad alimentaria a partir de la agricultura familiar. La sociedad uruguaya debe tener control sobre los alimentos que se producen y se consumen en el país, asegurando que los productos lleguen a los consumidores, desarrollando la agricultura familiar, promoviendo la agricultura urbana y prohibiendo la especulación financiera con alimentos El agua es el bien común más importante y generó luchas contra su privatización en varios países, incluyendo al Uruguay y el deterioro de su calidad llegó a los hogares por la cañería del agua corriente. El informe de cuatro decanos de facultades de la Universidad de la República sobre la contaminación del río Santa Lucía demostró el efecto depredatorio de la explotación de la tierra que busca maximizar la rentabilidad en el corto plazo, es un indicador de la insuficiencia de las políticas dirigidas a la preservación del medio ambiente, exige una revisión profunda de las mismas para lo que se debería tener en cuenta las advertencias de los científicos sobre el deterioro de la fertilidad de la tierra por el monocultivo reiterado de soja y por la forestación, los “feed lots” y los megatambos, la megaminería y la técnica de “fracking” en la explotación de los yacimientos de petróleo. El agua muestra que algo anda mal en los procedimientos de control del cuidado del medio ambiente y prende una luz amarilla que debería tenerse en cuenta para mejorar los procedimientos, las regulaciones y los controles
4. Comentarios finales
En la próxima campaña electoral no es necesario poner el énfasis en lo que se hizo, sino en lo que falta por hacer. No sirven los análisis superficiales y cortoplacistas ni las evaluaciones autocomplacientes que no identifican los problemas que deben ser encarados. Si fuera necesario hacer un programa de un solo punto, sería cobrarle impuestos a los dueños de la tierra. Durante el gobierno del FA el precio de la tierra aumentó un 600%, las tierras del Uruguay se cotizan en 55.000 millones de dólares, no puede haber ninguna duda de que sus dueños son los ganaron más y sin embargo, son los que pagan menos impuestos. El impuesto de ANEP y el impuesto al patrimonio sobre los inmuebles rurales fueron creados por los gobiernos blancos y colorados, suspendidos en situaciones de crisis de las actividades agropecuarias. No hay ninguna justificación para que no se reimplanten cuando las ganancias de estas actividades alcanzan niveles sin precedentes. Los gobiernos del Frente lograron el crecimiento económico y la mejora en las condiciones materiales de vida de los sectores populares, pero se ha mantenido la exclusión social y aumentó la concentración y la extranjerización del capital, lo que profundiza la dependencia económica, política y militar del país. La presidencia del compañero Mujica y el peso de la bancada del MPP crearon condiciones que no se repetirán en el futuro. El FA ha perdido su capacidad de profundizar los cambios, que se traba agitando fantasmas como la posible fuga del capital o los impactos de la crisis mundial, el freno está adentro. De todos modos quiero ratificar mi adhesión al FA y mi voto en las próximas elecciones para facilitar el fortalecimiento en la lucha de las organizaciones populares, en ese proceso caerán muchas caretas, cambiará la correlación de fuerzas internas con la derrota del caballo de troya de la burguesía y el FA recuperará su capacidad transformadora.
