La política económica en el programa del Frente Amplio del Uruguay

La política económica en el programa del Frente Amplio del Uruguay

El socialismo es posible

 diciembre 2nd, 2013  admin

 El socialismo

Visión Universitaria 08 oct 13

Frente Amplio programa de gobierno

La política económica en el programa del Frente Amplio

escribe: Jorge Notaro    

No es necesario repetir aquí la larga lista de logros de los  gobiernos del FA. Los primeros que lo saben son los que no tenían  trabajo y lo tienen, los que no tenían vivienda y la tienen, los que  reciben la tarjeta Uruguay Social, los que mejoraron la capacidad de  compra de sus salarios y jubilaciones, o los padres de los niños que  recibieron la ceibalita y que cobran la asignación familiar.

La mejora  en las condiciones materiales de los sectores populares está fuera de  discusión, es una condición necesaria pero no suficiente en la lucha por la superación de la explotación y de la dependencia.

Las propuestas de política económica en un programa de una fuerza  política antiimperialista y antioligárquica tienen que expresar las  reivindicaciones de las organizaciones populares y continuar sus luchas  en el plano político para la confrontación con las clases dominantes del país y sus socios del exterior. De esta forma se convoca a participar a los que se sienten expresados y al mismo tiempo, hay que asumir el  costo de la oposición de los que van a perder parte de sus privilegios.  Sin lucha, sin movilización popular, sin confrontación, no hay  posibilidad de profundizar los cambios.

Con una perspectiva de largo plazo se proponen tres puntos para el  nuevo programa del FA: la redistribución de los medios de producción, la erradicación de la inseguridad  y el cuidado del medio ambiente.

1. La redistribución de los medios de producción

Es necesario enfrentar la concentración y extranjerización de los  medios de producción promoviendo nuevas formas de propiedad y de gestión asociativa. La promoción de inversiones debe tener objetivos políticos  fortaleciendo a los grupos sociales con ingresos que sean el resultado  de su trabajo. La riqueza es el resultado de acumular los ingresos que no se  gastaron y permite generar nuevos ingresos sin trabajar, como por  ejemplo arrendando tierras, alquilando viviendas o cobrando dividendos  de acciones de sociedades anónimas. Para redistribuir los medios de producción hay que facilitar el  acceso a la tierra a los que la quieren trabajar, a la vivienda a los  que no tienen o pagan un alquiler o a la utilización de medios de  producción que permitan a los trabajadores formas de gestión sin la  explotación ni la dominación de los patrones. Durante estos años de gobierno del FA se observó un importante  proceso de concentración y extranjerización de los medios de producción, como la tierra, industrias manufactureras y cadenas de supermercados,  que se agregaron a la ya totalmente extranjerizada banca privada. Se trató de combatir la concentración de la tierra con el Impuesto a  la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) que no como fue declarado  inconstitucional no está vigente, no ha sustituido por otras medidas con el mismo objetivo y por lo tanto el gobierno del FA acepta pasivamente  la agudización de un problema sobre el que reconoció que había que hacer algo. El FA no está cumpliendo con la plataforma de las elecciones de 2004  en la que se comprometió a entregar 250.000 hectáreas a los pequeños  productores agropecuarios y sólo entregaron 45.000. Tampoco cumplió con  la instalación de un frigorífico multimodal, no sólo para faenar ganado  vacuno, ni de un complejo pesquero. Cada inversión extranjera que se localiza en el país implica que esa  porción de la actividad económica pasa a integrar la estrategia de una  empresa transnacional, debilita el poder del Estado y limita el ámbito  de acción de la política económica. En el mediano plazo la repatriación  del capital y de las utilidades generará un efecto negativo en la  balanza de pagos; durante 2012  las inversiones extranjeras directas  alcanzaron a 2.300 millones de dólares y las transferencias de ingresos  al exterior por concepto de utilidades, dividendos e intereses fueron de 1.500 millones, dejando por lo tanto un ingreso neto de 800 millones.  Esta situación se agudizará en el futuro, las inversiones acumuladas  aumentarán los montos por transferencias de utilidades y la repatriación del capital, mientras que el ingreso de nueva inversiones será cada vez menor, lo que obligará  a contraer la demanda interna de bienes de  capital o de consumo importados. Se debe seleccionar las inversiones extranjeras directas y limitarlas a las que contribuyen a la estrategia aportando capital, mercados  externos, valor agregado, contenido tecnológico, aprendizaje y demanda  de insumos nacionales. Es posible utilizar los recursos disponibles en  los mercados internacionales para financiar inversiones públicas o de  gestión asociativa con crédito a largo plazo o colocando deuda pública  aprovechando las bajas tasas de interés. No se puede demostrar que las exoneraciones tributarias que se  otorgan por las Zonas Francas y la ley de promoción de inversiones son  imprescindibles y se debería experimentar con una reducción progresiva  teniendo en cuenta la abundancia de capital buscando oportunidades de  inversión por todo el mundo. Como indicador claro de esta situación, los informes de CEPAL muestran que desde 2005 aumentó la inversión  extranjera en América Latina dirigida a explotar recursos naturales y  este aumento en 2011 fue de 28% respecto a 2010. En Uruguay creció menos que el promedio con un agravante, los demás países de América Latina  cobran impuestos a las inversiones extranjeras que explotan sus recursos naturales y Uruguay no. Estas exoneraciones tienen dos consecuencias  negativas, obligan a aumentar los impuestos sobre el trabajo y las  empresas locales pequeñas y medianas y como la capacidad contributiva es baja, limitan la financiación del aumento del gasto público Como no existe un Banco de Desarrollo ni ninguna otra forma de  financiamiento de inversiones, si bien el FONDES apunta en esta  dirección es de reciente creación y recursos escasos, la ley de  promoción de inversiones tiene como efecto aumentar la rentabilidad de  los que tienen capital y se transforma en una ley de promoción de la  inversión extranjera privilegiada con relación a los emprendimientos  nacionales. Hay que complementar la propiedad estatal en los sectores  estratégicos con medidas de apoyo a: a) los productores agropecuarios  familiares que para mejorar su productividad y sus ingresos tienen como  precondición el aumento de la superficie trabajada, créditos baratos,  asesoramiento técnico, capacitación y apoyo en la comercialización para  tener acceso a la demanda y a buenos precios; b) las cooperativas de  trabajadores, las empresas recuperadas y las empresas con distintas  formas de participación de los trabajadores en la propiedad del capital o en la gestión; c) las pequeñas y medianas empresas para el aumento de  la productividad y que puedan ligarse en las cadenas de valor con las  más grandes requieren acuerdos con participación de los distintos  actores sociales que junto al Estado puedan avanzar en estos mecanismos; d) a las cooperativas de vivienda y en particular, por ayuda mutua, que al mismo tiempo que contribuyen a la redistribución de la riqueza  facilitando el acceso a la vivienda de familias de bajos ingresos,  desarrollan prácticas solidarias y de cooperación que construyen  ciudadanía y consolidan la democracia.

2. La erradicación de la inseguridad

El número de personas privadas de libertad, adultos y jóvenes,  aumenta permanentemente y genera un indicador contradictorio. Por una  parte muestra que la policía es eficaz, que los jueces condenan, que la  legislación es represiva y que el Ministro Bonomi cumple . Pero también  muestra una sociedad que genera violencia. Hay que reconocer que no sabemos por qué aumenta el número de  personas que decide robar y si es necesario, matar. Cuando nacen todos  los niños son iguales y ninguno está determinado por la genética a robar o a matar, para investigar  hay que recurrir a los científicos sociales de la Universidad de la República con pensamiento crítico y no sirven  los informes financiados por el BID o el Banco Mundial que con sus  diagnósticos esterilizados no entienden la realidad y proponen políticas ineficaces. Los materialistas podemos formular algunas hipótesis, suponemos que  las ideas son un resultado de las condiciones materiales de vida lo que  lleva a investigar las condiciones en las que vivieron las personas que  delinquieron. Con este diagnóstico será posible diseñar las políticas  dirigidas a modificar la situación en un proceso en el cual se pueden  esperar cambios en el futuro. Otra hipótesis es que la práctica modifica las ideas, lo que lleva a investigar si las de los que delinquen,  durante los años previos a cometer el delito, fueron diferentes de las  que no delinquen; si fuera así sería necesario diseñar políticas que  estimulen a sustituir las primeras por las segundas. No alcanzó con la  reducción de la población con ingresos por debajo de la línea de  pobreza. Una tercera hipótesis es que se generó una cultura con valores  antagónicos a los de la convivencia y las víctimas de la exclusión se  transformaron en victimarios. Es notorio que no alcanza con repartir plata como recomiendan los  organismos internacionales y es imprescindible organizar para la  participación, que es el camino de fortalecimiento de valores. Al  reciente “Plan Siete Zonas” que se propone mejorar las condiciones  de  barrio que concentran estos problemas le falta un elemento  imprescindible, la participación de los potenciales beneficiarios en la  elección de prioridades así como en la ejecución, y le sobra la policía, que con su presencia estigmatiza a los vecinos de los barrios  seleccionados y genera en estos un rechazo al plan. Para los grupos  sociales excluidos por el desempleo de larga duración, la deserción del  sistema educativo y la segregación territorial en los asentamientos se  requiere una estrategia de inclusión que combine políticas de empleo, de educación, de vivienda y de medio ambiente, con participación de los  potenciales beneficiarios en la definición de prioridades así como en el diseño y la ejecución de las actividades.

3. El cuidado del medio ambiente

Boaventura de Sousa Santos destacó la necesidad de defender los  bienes comunes de la humanidad como respuesta a la mercantilización,  privatización y financierización de la vida, destacando que “Los bienes  comunes de la humanidad son bienes producidos por la naturaleza o por  los grupos humanos, a nivel local, nacional o global, que deben ser de  propiedad colectiva, a diferencia de lo privado y lo público (estatal),  aunque le compete al Estado cooperar en la protección de los bienes  comunes. Entre los bienes comunes están el aire y la atmósfera, el agua, los acuíferos, ríos, océanos, lagos, las tierras comunales o  ancestrales, las semillas, la biodiversidad, los parques y las plazas,  el lenguaje, el paisaje, la memoria, el conocimiento, el calendario,  Internet, HTML, los productos distribuidos con licencia libre,  Wikipedia, la información genética, las zonas digitales libres, etc.” Hay formas de crecimiento del PBI que destruyen recursos naturales y  deterioran el medio ambiente. Estos costos ambientales y sociales deben  tenerse en cuenta para evaluar las inversiones, aprobarlas o  rechazarlas. Es necesario implementar políticas de crecimiento  sustentable, lo que incluye cambios en la matriz productiva y en los  actores sociales impulsando el desarrollo rural integral para la  seguridad alimentaria a partir de la agricultura familiar. La sociedad  uruguaya debe tener control sobre los alimentos que se producen y se  consumen en el país, asegurando que los productos lleguen a los  consumidores, desarrollando la agricultura familiar, promoviendo la  agricultura urbana y prohibiendo la especulación financiera con  alimentos El agua es el bien común más importante y generó luchas contra su  privatización en varios países, incluyendo al Uruguay y el deterioro de  su calidad llegó a los hogares por la cañería del agua corriente. El  informe de cuatro decanos de facultades de la Universidad de la  República sobre la contaminación del río Santa Lucía demostró el efecto  depredatorio de la explotación de la tierra que busca maximizar la  rentabilidad en el corto plazo, es un indicador de la insuficiencia de  las políticas dirigidas a la preservación del medio ambiente, exige una  revisión profunda de las mismas para lo que se debería tener en cuenta  las advertencias de los científicos sobre el deterioro de la fertilidad  de la tierra por el monocultivo reiterado de soja y por la forestación,  los “feed lots” y los megatambos,  la megaminería y la técnica de  “fracking” en la explotación de los yacimientos de petróleo. El agua muestra que algo anda mal en los procedimientos de control  del cuidado del medio ambiente y prende una luz amarilla que debería  tenerse en cuenta para mejorar los procedimientos, las regulaciones y  los controles

4. Comentarios finales

En la próxima campaña electoral no es  necesario poner el énfasis en lo que se hizo, sino en lo que falta por  hacer. No sirven los análisis superficiales y cortoplacistas ni las  evaluaciones autocomplacientes que no identifican los problemas que  deben ser encarados. Si fuera necesario hacer un programa de un solo punto, sería cobrarle impuestos a los dueños de la tierra. Durante el gobierno del FA el  precio de la tierra aumentó un 600%, las tierras del Uruguay se cotizan  en 55.000 millones de dólares, no puede haber ninguna duda de que sus  dueños son los ganaron más y sin embargo, son los que pagan menos  impuestos. El impuesto de ANEP y el impuesto al patrimonio sobre los inmuebles  rurales fueron creados por los gobiernos blancos y colorados,  suspendidos en situaciones de crisis de las actividades agropecuarias.   No hay ninguna justificación para que no se reimplanten cuando las  ganancias de estas actividades alcanzan niveles sin precedentes. Los gobiernos del Frente lograron el crecimiento económico y la  mejora en las condiciones materiales de vida de los sectores populares,  pero se ha mantenido la exclusión social y aumentó la concentración y la extranjerización del capital, lo que profundiza la dependencia  económica, política y militar del país. La presidencia del compañero Mujica y el peso de la bancada del MPP  crearon condiciones que no se repetirán en el futuro. El FA ha perdido  su capacidad de profundizar los cambios, que se traba agitando fantasmas como la posible fuga del capital o los impactos de la crisis mundial,  el freno está adentro. De todos modos quiero ratificar mi adhesión al FA y mi voto en las  próximas elecciones para facilitar el fortalecimiento  en la lucha de  las organizaciones populares, en ese proceso caerán muchas caretas,  cambiará la correlación de fuerzas internas con la derrota del caballo  de troya de la burguesía y el FA recuperará su capacidad transformadora.